Capacidad Jurídica

Garantizando el ejercicio pleno de sus derechos

La ley parte del principio de que todas las personas poseen plena capacidad jurídica para ejercer sus derechos y tomar decisiones por sí mismas.

Esta presunción es general y se aplica a todas las personas, sin distinción, incluyendo aquellas que se encuentren internadas en establecimientos de salud, geriátricos o instituciones asistenciales.

Sin embargo, en situaciones excepcionales y siempre con el objetivo de proteger a la persona, la autoridad judicial puede disponer restricciones al ejercicio de la capacidad o establecer sistemas de apoyos para determinados actos.

En esos casos, la justicia puede designar:

• Apoyos, destinados a asistir y acompañar a la persona en la toma de decisiones.
• Curadores, cuando la restricción resulta más amplia y así lo requiere la protección de la persona.

Estos procesos requieren la intervención de distintos profesionales, jueces, abogados y equipos interdisciplinarios, y especialmente del escribano, cuya actuación resulta fundamental para asegurar que los actos jurídicos se otorguen con pleno respeto por la autonomía, la dignidad y los derechos de la persona involucrada.

La intervención notarial en este ámbito comprende el asesoramiento, la verificación de la documentación pertinente y la adecuación del acto a las condiciones particulares de capacidad, garantizando su validez y seguridad jurídica.

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